“Lo matamos como un perro”

CON ACENTO
“Lo matamos como un perro”
Milagros Socorro

Dos horribles certezas se cernieron sobre Venezuela en cuanto se supo del asesinato del fiscal Danilo Anderson: nunca sabremos qué pasó –o tardaremos mucho en hacerlo–; y este crimen va a desatar una ola de hechos sangrientos, represión y abusos de poder. Las dos nefastas intuiciones han venido confirmándose en la realidad, con un agravante no menos aterrador y es que la sociedad se encuentra completamente escéptica ante todos los factores y voceros. “No le creo a nadie”, es lo que escuchamos con mayor frecuencia.

Pero hay una voz que debe gozar de credibilidad. La de las víctimas, que no tienen más interés que el esclarecimiento de los sucesos que los tienen en la postración física o en el abatimiento moral. Yo le creí a Haydée Castillo cuando me dijo, en entrevista realizada para este diario, en su casa de Oripoto, que un funcionario de PTJ (seguimos diciendo PTJ aún cuando la sigla que denomina a este cuerpo policial cambió por una que evidentemente no logramos retener) le dijo a ella, el martes, a pocas horas de producirse el asesinato de Antonio López Castillo en la vía pública: “A su hijo lo matamos como un perro”.

Por espantoso que resulte, yo le creo. Estoy convencida de que Haydée Castillo dice la verdad, que un funcionario del Estado venezolano, miembro de un grupo que ingresó en su casa a hacer un allanamiento ilegal –por carecer de la imprescindible orden ejecutada por un juez– la miró a los ojos y se jactó de haber acabado con la vida de su hijo como si fuera una bestia sin derechos y sin humanidad. También suscribo las palabras del padre de Juan Carlos Sánchez cuando dice que si su hijo era sospechoso de algún delito no tenían por qué coserlo a balazos sino someterlo a un interrogatorio.

A las víctimas les creo, absolutamente, sin reservas. Creo, por tanto, que hay un victimario, un verdugo, una mano implacable cuyas acciones están al margen de la polarización, de la pugna política o ideológica –si la hubiera– y que actúa estrictamente en el plano criminal. Esa convicción hiende la incredulidad en las instituciones y en las personalidades que las representan como la quilla de un buque se incrusta en la tiniebla. Podemos descreer de todo, menos del clamor de las víctimas de los crímenes. Y si estas víctimas existen, hay criminales. Criminales a secas, no operadores políticos, ni defensores de la revolución, ni representantes del pueblo excluido.

Se llaman “asesinos” y debemos señalarlos, más si atacan convirtiendo el Estado en sus guaridas.

EN LA NOCHE DOMINGO PASADO, 28 DE NOVIEMBRE, EL PRESIDENTE DE CHILE, RICARDO LAGOS, SE DIRIGIÓ A SU PAÍS en –breve, sobria, responsable y convincente– cadena nacional, que retransmitió CNN, a través de cuya señal pude verla, para dar a conocer el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a partir de los testimonios de más de 35 mil chilenos que fueron detenidos y sometidos a apremios ilegítimos luego del 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.

En su alocución, el presidente Lagos dijo que el informe, una experiencia sin precedentes en el mundo, había sido capaz de entrar a una dimensión oscura de la vida nacional chilena, “a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos”, porque los hizo mirar “de frente una realidad insoslayable: la prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile.” ¿Cómo explicar tanto horror? –se preguntó Lagos–. ¿Qué pudo producir conductas humanas como las que allí aparecen? “No tengo respuesta frente a ello”. El informe, desde luego, no se proponía una disección del alma criminal, sino “descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y psicológica”. Y eso, al menos, lo han logrado. Porque no se trataba sólo de horrores cometidos hace 31 años, sino de “reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo que hizo que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse”, para construir, a partir de la verdad, un futuro de unidad y tolerancia. Con ese reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las torturas y detenciones ilegales de miles de chilenos, el Gobierno destinará cerca de 60 millones anuales en costear las reparaciones económicas asignadas a las víctimas.

EL INFORME AL QUE SE REFIRIÓ EL PRESIDENTE LAGOS –QUE ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET– desacredita la tesis de la existencia de una guerra interna como argumento para justificar la aplicación de tormentos durante el régimen militar. Y establece que “las Fuerzas Armadas y de Orden lograron el control del país en el curso del mismo día del golpe, sin sufrir mayores contratiempos en ninguna parte”.

Entre las alusiones más impactantes del informe –que formula severas críticas al comportamiento de otras instituciones al margen de los aparatos de seguridad del Estado– se encuentra una descarnada acusación al papel de la Justicia, y particularmente de la Corte Suprema, a la que señala de abdicación de su facultad para controlar y vigilar a los tribunales militares en tiempos de guerra. “La Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones”.

El texto habla de connivencia entre las máximas autoridades del Poder Judicial con los militares, y acusa a los máximos jueces de esa época no sólo de ignorar los abusos, sino incluso de restarles validez a las acusaciones sobre las violaciones a los derechos humanos. Dice el informe:... ” la indefensión de la ciudadanía, responsabilidad de un Poder Judicial que amparó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado o personas a su servicio, debe ser ante todo imputada a los ministros de la Corte Suprema, cuya conducta marca el rumbo de los jueces inferiores”.

En la parte dedicada a los efectos de los abusos en las víctimas, el informe establece que “para la mayoría de las víctimas que fueron objeto de represión, el primer impacto fue descubrir que la agresión, la tortura y el riesgo de muerte provenían de los agentes del Estado”.

Bajo ese impacto se encuentran las víctimas de los abusos cometidos en estos tiempos por el Estado venezolano, –incluido el fiscal Anderson y sus familiares, puesto que el esclarecimiento de su asesinato es función del Estado– que se concentran en la frase escupida a la cara de Haydée Castillo por un funcionario que a esta hora debería estar preso por ingreso ilegítimo a su morada, ya que al parecer no es imputable por haber matado a un ciudadano como un animal, tal como reconoció haber hecho frente a la madre del muerto.

Es posible que tengamos que esperar varias décadas para saber la verdad, enjuiciar a los culpables y reparar de alguna manera a las víctimas. En el doloroso presente, conviene quitar el polvo del cristal de la brújula para no perderse en el laberinto de la confusión y la pérdida de credibilidad: mientras los máximos jueces se zafan de su deber, el país está siendo brutalizado por delincuentes que acechan amparados por un carnet con los sellos de la República. De eso tampoco albergo dudas.

Diciembre 2, 2004 02:32 AM | TrackBack